Buscar ayuda después de vivir violencia puede convertirse en un nuevo riesgo para mujeres migrantes en México. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) advirtió que algunas enfrentan obstáculos para denunciar y acceder a servicios de atención, entre ellos la posibilidad de ser detenidas, deportadas o quedar expuestas ante sus agresores. De acuerdo con el informe Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contexto de movilidad, estas condiciones pueden llevarlas a no denunciar como una estrategia de supervivencia.
La organización documentó casos de mujeres que, pese a llegar a México huyendo de situaciones de violencia en sus países de origen, encontraron dificultades al intentar acceder a la justicia. Entre ellos está el de Milgian Carbajal, una mujer hondureña refugiada en México, quien relató haber sido deportada después de acudir al Instituto Nacional de Migración para solicitar protección tras sufrir un asalto. Al regresar al país, posteriormente enfrentó violencia física, sexual y emocional por parte de su pareja y, según su testimonio, tampoco recibió apoyo al intentar denunciar ante el Ministerio Público.
Ante esta situación, especialistas y organizaciones señalaron la necesidad de que el acceso a la justicia tenga un enfoque interseccional e integral, que no se limite a recibir denuncias, sino que garantice servicios para que las víctimas puedan recuperarse de la violencia. ONU Mujeres en México reconoció que el país cuenta con un marco legal sólido para proteger estos derechos, pero advirtió que persisten retos en su aplicación en territorio, particularmente para garantizar atención inmediata a mujeres víctimas de violencia sexual.
