Más de 300 personas acudieron al Zócalo capitalino para recibir asesoría y acompañamiento jurídico gratuito dentro del Programa de Defensoría Social Ponciano Arriaga, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tomó protesta a 100 abogados de la Consejería Jurídica local que comenzaron a atender a personas afectadas por casos de despojo, algunas de ellas con expedientes que llevan varios años sin resolverse.
Desde antes de las 8 de la mañana, las víctimas llegaron a la Plaza de la Constitución con documentos, denuncias y carpetas de investigación en busca de recuperar sus viviendas y obtener seguimiento a sus casos. Durante un recorrido por las carpas instaladas en el Zócalo, Brugada aseguró que quienes enfrenten el riesgo de perder su casa, terreno o departamento “no están solos” y anunció que se buscará ampliar la defensa social mediante figuras para atender también conflictos inquilinarios, así como casos relacionados con mujeres y adultos mayores.
Entre las personas atendidas estuvieron Marco Arellano, cuyo padre habría sido despojado de su vivienda en Iztacalco desde 2020, y Susana Sánchez, quien busca recuperar el inmueble de su madre en Gustavo A. Madero, luego de denunciar un caso ocurrido en 2017. Las historias reflejan el largo camino que algunas familias han enfrentado para buscar justicia y recuperar el patrimonio construido durante años.
