El operativo realizado en Ribera de San Cosme por la administración de Alessandra Rojo de la Vega no solo generó confrontación con comerciantes; también exhibió dos visiones profundamente distintas sobre cómo gobernar la ciudad.
Mientras la alcaldía defendió la acción como parte de un “reordenamiento” del espacio público, las imágenes de policías retirando puestos y comerciantes denunciando pérdidas en vísperas del 14 de febrero detonaron una discusión mayor: ¿orden para quién y a costa de quién?
En una demarcación donde el comercio popular ha sido históricamente parte del tejido social, el uso de la fuerza como mecanismo inicial envía un mensaje claro. Para sectores críticos, no se trató únicamente de liberar banquetas, sino de imponer una visión de ciudad donde la economía informal es vista como obstáculo y no como realidad social.
La Cuauhtémoc es, además, uno de los territorios con mayor gentrificación y procesos de encarecimiento acelerado. En ese contexto, cualquier política que afecte directamente a vendedores tradicionales se interpreta como parte de un modelo que privilegia la imagen urbana y ciertos intereses económicos sobre el sustento de familias que viven al día.
Desde la bancada de Morena y sectores afines a la Cuarta Transformación, la postura ha sido enfática: el orden no puede construirse aplastando el derecho al trabajo. La transformación ha sostenido que gobernar implica dialogar, generar alternativas y proteger a quienes históricamente han quedado fuera de las decisiones.
El contraste es evidente.
Un proyecto que coloca en el centro a los más vulnerables frente a una administración que opta por operativos inmediatos y despliegues policiales como primera respuesta, uso excesivo de la fuerza y aplastando la dignidad de los comerciantes.
El debate no es menor. Lo ocurrido en Cuauhtémoc se convierte en un símbolo de la disputa entre dos modelos: uno que concibe la ciudad como espacio de inclusión social y otro que prioriza la limpieza visual y el control por encima de la concertación.
En tiempos donde la transformación busca reducir desigualdades, el caso deja una pregunta abierta: ¿Rojo de la Vega gobierna para todas y todos, o solo para una visión de ciudad que excluye a quienes trabajan en la vía pública?
