El Congreso del estado de Colima aprobó una reforma al Código Penal para establecer sanciones más severas que castiguen con hasta 60 años de prisión los homicidios motivados por crímenes de odio, como aquellos basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.
Con esta modificación, Colima se convierte en la tercera entidad del país —junto con Sinaloa y la Ciudad de México— en tipificar los homicidios motivados por odio como delitos autónomos con castigos específicos, y no solo como agravantes de homicidio general. El cambio legal también contempla multas importantes y nuevos elementos para que los jueces consideren si un crimen encaja en esta figura penal.
Legisladores y activistas señalaron que esta reforma busca responder a la creciente violencia y discriminación que han sufrido grupos vulnerables, incluyendo casos denunciados de transfeminicidios y agresiones no esclarecidas. Aunque algunos defensores ven este endurecimiento como un avance en la protección de derechos humanos, otros piden también fortalecer las políticas de prevención y atención integral para comunidades afectadas por violencia y discriminación.
