El presidente municipal de tequila, jalisco, junto con dos funcionarios de su administración, han sido vinculados a proceso en un caso que involucra acusaciones de presuntos vínculos con el cártel jalisciense nueva generación (cjng) y posibles actos de corrupción que habrían afectado recursos públicos y la seguridad local.
Las autoridades federales sostienen que estos servidores públicos pudieron haber facilitado actividades de extorsión y favorecido a redes criminales al permitir, sin intervención oportuna, ciertas rutas de operación de grupos delictivos dentro de la región. El proceso legal incluye investigaciones sobre contratos y asignaciones presupuestales que ahora se indagan por posibles irregularidades.
El caso se suma a una serie de acciones legales y penales emprendidas en estados con alta incidencia delictiva, donde gobiernos municipales han sido objeto de investigación por supuestas colusiones con organizaciones criminales. La vinculación a proceso implica que el juez considera que existen datos de prueba suficientes para someter a estos funcionarios a un juicio formal.